Redacción En el Recinto.  El viernes, la intendenta Stella Clérici y el subinspector de Personas Jurídicas Zona Sur, Facundo Maderna firmaron un convenio con la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) “para continuar con el proceso de regularización y fortalecimiento de las instituciones de la ciudad”, señala el comunicado de prensa.

Una semana atrás, en la ciudad de Totoras, la intendenta de esa localidad, junto a los diez presidentes comunales del Departamento Iriondo, realizó la firma del convenio. Solo faltó Cañada de Gómez. Este hecho provocó que tanto el Bloque de la UCR como el de Juntos por Cañada se pregunten ¿por qué nuestra ciudad no había participado ni adherido al convenio?.

El edil Matías Chale presentó una Minuta de Comunicación en la que se le solicitaba al Departamento Ejecutivo fundamente los motivos por el cual no había firmado el convenio con la Inspección General de Personas Jurídicas. El edil señaló a En el Recinto: “La mezquindad política de este gobierno queda a la vista. La intendente no quiso firmar el convenio como el resto de los municipios y comunas porque fue coordinado por la senaduría del departamento Iriondo. Y lo terminó firmando el viernes, y el lunes recién se dio a conocer algo a través de los medios de prensa”.  

El representante del bloque UCR continuó: “Lo que se niega políticamente porque lo gestiona Rasetto o lo presenta el bloque radical, después lo termina haciendo, no porque nosotros lo hayamos pedido, o porque lo haya solicitado el senador, sino porque, justamente, es lo que la sociedad y las instituciones de cañada estaban necesitando, estaban pidiendo, y es lo que hay que hacer”. 

Lo firmado en Totoras corresponde a convenios de dos años de duración que se encuentra suscribiendo la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe con Municipios y Comunas de la Provincia, para que estos últimos, a través de los funcionarios designados al efecto, puedan certificar las firmas y la documentación (Actas, DNIs) que las Asociaciones Civiles constituidas dentro del ámbito territorial del Municipio o Comuna tengan que presentar ante la IGPJ para realizar distintos trámites de forma gratuita y ágil para las instituciones, ahorrando así tiempo y dinero para las mismas. 

“Ahora, la cuestión es cuanto tiempo, energía y recursos se podrían concretar de manera mucho más rápida evitando toda esa mezquindad política y toda esa novela, haciendo lo que hay que hacer, firmar convenios en tiempo y forma, aprobar proyectos y después ejecutarlos, sin segundas lecturas políticas, de quien presentó el proyecto, de quien fue la idea, o quien lo puede llegar a capitalizar”, acotó Matías Chale.

Volviendo a la publicación en los medios de prensa locales el edil de la oposición expresó: “Salen a decir en el parte de prensa que la firma del convenio es una renovación. Me llama la atención, porque los convenios no se renuevan, este debe ser un nuevo convenio porque lo que tenían firmado era otra cosa. Quieren salir a tapar, a ocultar, o a corregir ese error que han cometido”. 

“Te puedo decir que el convenio firmado acá el viernes debe ser el mismo que no firmaron con el resto de las localidades de Iriondo”, aseguró el representante de la bancada radical. “Ahora, si tenían un convenio firmado de estas características yo me pregunto ¿por qué durante tanto tiempo las instituciones de Cañada han tenido que pagar los sellados y las certificaciones de las firmas teniendo la posibilidad de hacerlo de forma gratuita por la Municipalidad?, o están mintiendo o fueron negligentes de tener el convenio firmado y no haberlo cumplido”:

Para finalizar, pronunció estas palabras: “La cuarentena y la sociedad nos piden trabajar juntos superando diferencias, la política no lo pudo hacer. Nosotros estamos a disposición para trabajar juntos, aunque esa no es la misma la propuesta del oficialismo”.