La iniciativa contó con la inmediata sanción unánime del Honorable Senado de la Nación, y por ende solo falta el rápido tratamiento por parte de la Honorable Cámara de Diputadospara beneficiar a millones de Pymes comerciales, en detrimento de la especulación financiera que enriquece aún más solo a unos pocos. Ya han pasado 35 días y el proyecto aún no ha sido tratado en las comisiones de Legislación General y Finanzas, donde actualmente se encuentra su expediente.

La propuesta es reducir del 3 % al 1,5 % las comisiones por compras con tarjetas de crédito y eliminar totalmente las correspondientes a las tarjetas de débito, que actualmente están fijadas en el 1,5 %.

La modificación de la normativa vigente resulta necesaria porque la transferencia de dinero por parte de los comercios a los bancos por comisiones de pagos con tarjetas es excesiva en sí misma. A esto se suman las primas que las entidades bancarias cobran por mantenimientos de cuentas y movimientos financieros.

Para dimensionar las transferencias millonarias que hacen las empresas y las familias a los bancos por comisiones, mantenimientos de cuentas y otros servicios, según el Banco Central, las entidades obtuvieron entre julio de 2015 y junio de 2016 ganancias por $ 69.222 millones. Por intereses financieros, ganaron $ 85.353 millones. Es así que en los últimos 12 meses los bancos tuvieron una ganancia neta final de $ 73.185 millones. Estos valores significan un traspaso de riqueza de los sectores productivos a los financieros, que afecta la competitividad de las Pymes.

De este modo, los montos que los negocios transfieren a los bancos le quitan liquidez y capital de trabajo al comercio minorista, y eso queda en evidencia en épocas críticas como la que se atraviesa actualmente. Más aún, estas comisiones se suman a las retenciones del 3 % por el IVA, el 1 % por Impuesto a las Ganancias, más el porcentaje aplicable por el Impuesto a los Ingresos Brutos, dependiendo de la jurisdicción de la cuenta.

En definitiva, las retribuciones por uso de tarjetas forman parte de la cadena de costos que va minando la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas argentinas, que son las principales generadoras de empleo y valor agregado de una economía, y hacia ellas deben focalizarse las políticas que estimulan el desarrollo económico.